MANIFIESTO DE LA RED DE SOLIDARIDAD

(Lima, 3 de julio 2015)

Somos más de 50 instituciones agrupadas en la Red de Solidaridad y promovidos por OBERLE PERU, trabajamos en la promoción del desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes de la calle o en riesgo de callejización, con mujeres y niños maltratados, con personas con habilidades diferentes, adultos mayores abandonados, enfermos de cáncer y VIH que son abandonados, con campesinos y campesinas de los pueblos originarios de los Andes y de la Amazonía, ES DECIR CON LOS GRUPOS EXCLUIDOS DE NUESTRA SOCIEDAD.

El Perú ha logrado importantes avances en planes, programas y políticas orientadas a la inclusión social; sin embargo la operativización aún es muy limitada y presenta ciertos vacíos en su aplicación. La exclusión se refleja en la falta de acceso a la educación, salud, cultura, trabajo, etc. Según ENAHO 2012, el 15% de la población nacional se encuentra en esta situación, siendo los grupos más excluidos las mujeres, las poblaciones rurales y los pueblos originarios, cuyo idioma es diferente al español. El 26% de la población mayor a 12 años no tiene primaria completa y el 48% de la población mayor de 18 años no tiene secundaria completa. En  cuanto a salud, los hospitales y centros médicos no logran cubrir la demanda de la población y su infraestructura aún no es la óptima; así como la cobertura de sus servicios no es completa y muchas de las veces carece de calidad y calidez, situación que se acentúa en el interior del país, por esta razón los enfermos graves son derivados a Lima, ellos llegan con escasa información sobre lo que les espera, sin recursos, muchos a dormir en las calles en el abandono y a merced de las políticas del centro de salud al que acudirán.

El abandono del campo, la falta de servicios y los cambios climáticos, son expulsores de los jóvenes adolescentes y niños del campo a la ciudad. Generando cordones de miseria alrededor de las ciudades, situación que incrementa los índices de delincuencia, criminalidad, violencia física y sexual principalmente contra mujeres y niños. Esta situación va generar en el mediano y largo plazo la transferencia intergeneracional de la pobreza en la ciudad y no sólo en el campo como hace algunos años.

Frente a esta situación, surgen organizaciones y personas con mística y vocación de servicio,  que están entregando sus capacidades, recursos y trabajo en apoyo a los grupos  más vulnerables y excluidos del país. Estas organizaciones cuentan con infraestructura instalada para la atención de casos sociales en las que se brinda apoyo integral, así como el talento humano, experiencia y la calidez para atender a estas poblaciones. En suma todo ello ahorra costos al estado. Sin embargo el Estado no sólo no apoya a estas instituciones sino que hace muy engorroso y burocrático los trámites, obstaculizando el trabajo tan importante en apoyo de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad.

Nosotros atendemos aproximadamente a 15 mil personas a nivel nacional, brindamos: hogares, albergue, educación, salud a niñ@s, ancianos abandonados, en riesgo y con capacidades diferentes. Rehabilitación y desarrollo de capacidades-destrezas a mujeres víctimas de violencia sexual y trata, para que tengan una oportunidad laboral; alojamiento, alimentación, información y apoyo INTEGRAL en hogares transitorios a niños/as y personas con enfermedades graves que son transferidos de provincias y apoyo a las iniciativas de las comunidades andinas o amazónicas para su integración plena en la sociedad.

Por todas estas consideraciones demandamos al Estado Peruano lo siguiente:

  1. Que las personas a quienes apoyamos en nuestras instituciones, estén incluidos en los programas sociales que impulsa el gobierno tales como: pensión 65 para ancianos, el plan esperanza para los enfermos con cáncer, el programa Yachay para niños, etc.
  2. Que se difundan e informen sobre los diversos programas del MIMP y MIDIS en las zonas que cuentan con poblaciones en situación de vulnerabilidad y alto riesgo.
  3. Que el estado nos considere como aliados en los temas sociales, facilitando nuestro trabajo, mediante una legislación diferenciada. No hay diferenciación entre empresas con fines lucrativos y asociaciones que brindan ayuda social, ya que exigen lo mismo (normas de zonificación, pago de impuestos prediales, altos costos de servicios, etc.); lo cual dificulta el funcionamiento de nuestras instituciones.
  4. Los costos de mantenimiento, por pago de impuestos municipales y del estado, son muy altos, solicitamos la exoneración, puesto que asumimos el rol que le compete al Estado.
  5. Los profesionales y personal de los Centros de Emergencia, llevan los casos a nuestras instituciones y/o albergues, y pese a que firman una carta comprometiéndose a realizar el seguimiento y traslado de las albergadas a las instituciones correspondientes, no cumplen y perjudican a estas mujeres que están a la espera del cumplimiento de lo prometido, y también a nuestras organizaciones, porque no contamos con suficiente presupuesto ni con personal para realizar trámites que son de competencia del CEM, ya que muchas veces estas personas se encuentran indocumentadas.
  6. El Estado no destina un presupuesto ni realiza un seguimiento a la problemática en explotación sexual y/o prostitución, a pesar de ser un problema mayor, debería conformarse una mesa de trabajo activa y liderada por el estado donde se realice acciones en beneficio de esta población tan vulnerable que día a día involucra más a niñas y adolescentes, quienes están expuestas a una serie de maltratos y vejámenes.
  7. El SIS cubre sólo parcialmente a los enfermos en situación de abandono y que son transferidos de provincias, cuando se agota la prima dejan de ser atendidos. En el caso de quemados la cobertura del SIS, atiende la parte aguda que son cirugías más no así la recuperación del paciente que es muy importante, pues muchas veces tienen que ser operados más de una vez.
  8. Los trámites para obtener las referencias y contra referencias en los establecimientos médicos de Lima y provincias son muy engorrosos y el paciente permanece mucho tiempo sin tratamiento lo cual complica y retrasa su recuperación, más aún cuando se detecta un error en el llenado de las fichas médicas por los mismos establecimientos.
  9. En el caso de los niñ@s con discapacidad motora, el SIS no les cubre operaciones que son indispensables (de caderas, piernas, etc.) que no sólo puede mejorar su calidad, sino salvar su discapacidad.
  10. En cuanto a la educación formal de los niños y niñas en situación de abandono, calle , riesgo o discapacidad, un gran problema es el rango de edad establecido por el Ministerio de Educación, que no diferencia que estos niñ@s no estudian consecutivamente por su situación de vulnerabilidad, o nunca fueron a la escuela, cuando llegan a nuestros hogares ya están grandes, queremos inscribirlos en las escuelas, muchas veces no se logra, pues ya están fuera de la edad que corresponde a su grado, en estos casos los niños se quedan sin estudiar o derivados a los programas Alternativos que no son llevados adecuadamente.
  11. En los casos de niñ@s con diversas habilidades diferentes, la ley de educación inclusiva, se ha impuesto sin las condiciones mínimas para recibir a los niños, pues no cuentan con docentes capacitados, menos con implementación e infraestructura adecuada, además los programas curriculares no son los adecuados a las diferentes discapacidades; así mismo no consideran el tiempo y los ritmos de aprendizaje del menor con discapacidad.
  12. Las autorizaciones, resoluciones, etc. de funcionamiento para las entidades de apoyo social, tienen una corta duración (dos a tres años), requiere ser renovada constantemente, incrementando los costos de tramitación y carga laboral, sumado a ello la excesiva burocracia por parte de las instituciones del estado hace que se pierda tiempo y se afecte en la atención a los grupos vulnerables con quienes venimos trabajando. Un ejemplo, la SUNAT, si en el trámite para Renovación como Entidad Perceptora de Donaciones, se detecta alguna observación de forma, el trámite no permite subsanar sino que se debe iniciar de cero, lo cual no sólo representa un gasto sino una pérdida de 50 a 60 días aproximadamente, cada vez que hay que subsanar algún documento por un mero formalismo.
  13. Desarrollar servicios y fortalecer la organización de los pueblos originarios y de los pequeños productores rurales, a fin de que tengan capacidad de negociación, poder de representación, propuesta y gestión. Ello a fin de detener y revertir la migración silenciosa y masiva de jóvenes rurales a la cuidad, que si no es atendida va afectar a todos ya que no habrá quien cultive la tierra y la capital vive de ello.
  14. Que la Red de Solidaridad sea considerada como un grupo representativo para la coordinación y colaboración en los temas sociales a través de la alianza entre el sector Público y Privado.
  15. Demandamos, se generen estrategias desde los gobiernos, políticos y la sociedad civil para que reconozcan la importancia económica, social y cultural del trabajo social, como generadora de Paz y Seguridad tan necesaria para nuestra sociedad.